LOE EFECTOS ECONOMICOS

Los principales efectos

La ilegalidad de las industrias y la complejidad de sus efectos económicos hacen que su estudio presente un desafío a los investigadores. Primero, la naturaleza de la industria requiere que ésta cambie continuamente con el fin de minimizar riesgos y de adaptarse a cambios probables y reales en las políticas gubernamentales. Por consiguiente, los efectos de la industria varían sustancial-mente a través del tiempo.

Segundo, hay muchas incógnitas sobre su tamaño y estructura, que dificultan la identificación de los efectos en la economía y la sociedad. Estas limitaciones hacen que cualesquiera afirmaciones sobre los efectos de la industria ilegal sean muy cautelosas y que muchas creencias comunes sean escrutinadas cuidadosamente.

Tercero, los efectos de la ilegalidad del negocio de las drogas difieren sustancialmente de país a país. Estas diferencias dependen principalmente del tipo de actividades desarrolladas, de la importancia de la participación de ciudadanos nacionales en la industria, del tamaño del valor agregado y del empleo generado por las industrias ilegales con relación a los totales de la economía nacional, de las formas en que el ingreso ilegal es lavado, gastado e invertido en la economía, y finalmente de las políticas macroeconómicas seguidas por los diferentes gobiernos.

Las diferencias en los efectos económicos de la industria ilegal de drogas y los grandes vacíos en el conocimiento sobre ellas en los países andinos han resultado en percepciones ampliamente divergentes sobre los costos y beneficios generados por las drogas en cada país. 

Bolivia

Bolivia es principalmente un productor de coca con una larga tradición de consumo. Sin embargo, el uso tradicional de la coca utiliza solamente una proporción pequeña de la producción que desde mediados de la década de los años ochenta ha sido de unas ocho a diez veces mayor que la que prevaleció antes de 1975. Los productores de coca están organizados en sindicatos[1] que dan legitimidad a los cocaleros dentro del país y negocian principalmente políticas de erradicación compensada con el Gobierno y las instituciones de ayuda internacional.

A pesar de la larga tradición de producción de coca en el país, la mayoría de los cocaleros actuales son inmigrantes en áreas recientemente colonizadas, y no cultivaban coca antes, aunque muchos sí provienen de zonas donde se consumía la hoja (Mansilla, 1994,50). Estos migrantes han sido atraídos por los altos y ciertos retornos encontrados en el cultivo de la coca.

El discurso sobre la coca en Bolivia hace referencia a ésta como una planta sagrada, un don de Dios y una fuente alimenticia muy valiosa[2]. Un grupo de académicos y pensadores ha promovido esas ideas sobre las cuales se basa una buena parte del imaginario popular boliviano sobre la coca[3].

Una parte importante de la literatura boliviana considera que la coca es simplemente un producto básico, cuyos términos de intercambio se deterioran a través del tiempo favoreciendo a los países desarrollados consumidores (Quiroga, 1990). De acuerdo con este enfoque, las políticas antidrogas de los Estados Unidos y Europa son simplemente proteccionistas y forman parte de una confabulación internacional para explotar al pueblo boliviano.

Estos autores resaltan la relación inversa entre el bajo ingreso obtenido por los campesinos y demás bolivianos comparado con el valor de las ventas al detal en los países consumidores de cocaína. Arguyen, entonces, que en el caso de la coca, como en el de los demás productos básicos producidos a lo largo de la historia boliviana, la distribución de las utilidades generadas por la industria de las drogas ilícitas ha favorecido principal e injustamente a los países desarrollados.

Sin embargo, la coca se percibe como un cultivo excelente: utiliza una cantidad relativamente grande de mano de obra poco calificada, crece en áreas donde es difícil tener otros cultivos, genera divisas muy necesitadas por la economía y los cultivadores no tienen problemas de mercadeo comunes a todos los demás productos agrícolas de las regiones productoras.

Esta visión es compartida por los sindicatos bolivianos, los que, como explica Mansilla (1944:16), tienden a creer que "las causas del subdesarrollo son de origen exógeno. El imperialismo de las grandes potencias habría impedido el pleno despliegue de las enormes potencialidades de la nación. La riqueza de los países del Norte estaría cimentada en la pobreza y, sobre todo, en la explotación de los del Sur".

Todos los analistas que han estudiado el papel de la coca y la cocaína en Bolivia concluyen que durante la crisis de la economía minera de finales de los años setenta y principios de los años ochenta, la coca se convirtió en la principal fuente de empleo para los desempleados.

Los análisis macroeconómicos del impacto de la coca concluyen que tanto las divisas como el empleo generado por la industria desempeñaron un papel facilitador importante en el proceso de ajuste económico que experimentó el país a partir de 1986. Éstos concluyen que el ajuste estructural hubiera causado levantamientos socíales muy graves de no haber experimentado un crecimiento simultáneo de la industria de la coca (Painter, 1994).

Además, la industria de la coca y cocaína en Bolivia está asociada solamente a niveles relativamente bajos de violencia, por consiguiente, la sociedad no percibe muchos efectos negativos de la industria, excepto posibles aumentos en consumo de drogas, drogadicción y presión política externa, especialmente por parte de los Estados Unidos.

Las estimaciones del tamaño de la industria y de su valor agregado varían sustancialmente, como es de esperar, en estos casos. Debido a que el precio de las drogas ilegales aumenta extraordinariamente al pasar de hojas de coca a pasta, base y cocaína, y luego en las diversas etapas de mercadeo, la variable con mayor influencia en la determinación del tamaño de la industria es el grado de participación de los bolivianos en la manufactura de cocaína y en el mercadeo externo.

Las estimaciones disponibles[4] suponen que toda la coca es convertida en pasta, la cual es exportada o convertida en base, la que a su vez es exportada o procesada en cocaína. Estas estimaciones suponen que las exportaciones desde Bolivia son hechas por extranjeros, principalmente colombianos. Dependiendo del año estudiado, estas estimaciones indican que las exportaciones de pasta, base y cocaína representan entre 38 y 112% de las exportaciones legales registradas. Así mismo, el valor agregado por la industria se estima entre 15 y 20% del PIB.

Diversas estimaciones indican que el complejo coca-cocaína emplea entre 120.000 y 300.000 personas, la mayoría de las cuales están ocupadas en actividades agrícolas. Estas cifras indican que entre 6.7% y 13.5% de la población económicamente activa depende de la industria de drogas ilegales.

Aparte de la exactitud de estas cifras, no hay duda de que la economía boliviana es muy dependiente de la industria de la coca y la cocaína, y que su eliminación crearía una grave crisis económica.

Los estudios que estiman el tamaño y el valor agregado por la industria ilegal suponen que una parte importante del valor agregado boliviano no se invierte ni se consume en el país. Las estimaciones disponibles suponen que el ingreso generado por la coca permanece en Bolivia, pero hacen diversos supuestos respecto de las proporciones de los ingresos generados en pasta, base y cocaína que permanecen allí. El argumento es que una parte de estos ingresos son invertidos por bolivianos en el exterior, y otra parte pertenece a extranjeros que también los utilizan fuera del país. La fuga de capitales de bolivianos se explica por la falta de confianza en la economía del país debida a la gran inestabilidad económica padecida a lo largo de su historia y su poco desarrollo económico. En general, estos trabajos alegan que solamente una proporción pequeña (entre 20 y 50% del valor agregado en Bolivia) en los procesos de manufactura de la cocaína permanece en el país.

Las estimaciones de las proporciones del valor agregado que permanecen en el interior de Bolivia desempeñan un papel importante en la determinación de los efectos de la industria ilegal. Mientras la mayoría del ingreso que se queda en el país se genere en la agricultura, y sea simplemente una remuneración al empleo campesino, los beneficios de la industria se concentran en campesinos pobres y no causan cambios importantes en la estructura de poder del país. Si esto es así, la mayoría del ingreso generado por las drogas se gasta en bienes de consumo y mejoras de viviendas campesinas, mientras que muy poco es invertido en los sectores urbanos (industria, finca raíz y servicios).

El modelo boliviano de la industria de drogas ilegales descrito puede llegar a postular el modelo del "colombiano o del extranjero malo". De acuerdo con él, la mayoría de los bolivianos que se benefician de la industria son "buenos", pequeños campesinos pobres, mientras que la mayoría de los ingresos son recibidos por los extranjeros "malos" . Los efectos de la industria de drogas ilegales en Bolivia dependen de manera crucial de la validez del modelo del "extranjero malo", de la ausencia de bolivianos dentro de los procesos de mercadeo de los Estados Unidos y Europa, y de la baja propensión de los bolivianos para invertir en su país.

La política antidrogas más importante seguida en Bolivia ha sido la de intentar reducir cultivos por medio de programas de desarrollo alternativo. Sin embargo, el modelo descrito le da legitimidad a la producción de coca en Bolivia y ha llevado a los sindicatos de productores a exigir compensación por parte de los donantes externos (Usaid, gobierno italiano, Naciones Unidas, etc.) de aproximadamente $2.500 por hectárea. El requisito de compensación es parte integral de la ley 1008 de diciembre 28 de 1988 que enmarca toda la política antidrogas boliviana. Esta política curiosamente hace que gobiernos extranjeros, incluyendo el de los Estados Unidos, ratifiquen implícitamente la legitimidad de los cultivos, pues, en efecto, aceptan pagar a los campesinos por no violar la ley, algo impensable dentro de los Estados Unidos.

La apertura de nuevos mercados de cocaína en Europa, Argentina, Brasil y otros países, donde los narcotraficantes colombianos no tienen la capacidad de desarrollar sistemas de mercadeo eficientes como los que desarrollaron en los Estados Unidos hace 25 años, donde había una comunidad colombiana muy grande con fuertes lazos con su país, aumenta la probabilidad de que narcotraficantes bolivianos se involucren en el negocio de exportación de cocaína. De hecho, durante marzo y abril de 1995 se capturaron dos embarques de cocaína de 400 y 700 kilogramos, lo que indica que la industria de refinación de cocaína ha crecido sustancial-mente en Bolivia.

Además, la evidencia de los últimos años indica que la mayoría de los campesinos están elaborando pasta y que algunos llegan a producir cocaína (Mansilla, 1994). La explicación popular boliviana de este fenómeno es que los campesinos han sido "forzados" a avanzar en los procesos de elaboración debido a la necesidad de mantener un nivel mínimo de ingresos frente a la caída en los precios de la coca que se evidenció a partir de la campaña colombiana contra el narcoterrorismo iniciada en 1989, después del asesinato de Luis Carlos Galán. Estos cambios en el papel de los campesinos son importantes porque destruyen el argumento de que cultivar coca es solamente una actividad tradicional con fuertes raíces culturales, lo que resulta radicalmente diferente a la producción de coca con fines comerciales, y porque los campesinos se hallan entonces involucrados en actividades criminales. Sin embargo, en este caso, la posición popular boliviana exporta la responsabilidad: si los precios de la coca fueran "justos", los campesinos no se verían "forzados" a producir pasta o cocaína y no desarrollarían actividades criminales. Claro que quienes asumen esta posición no explican que la única forma de tener precios de coca "justos" es utilizarla para producir cocaína.

Mientras la versión popular sobre el efecto de la industria de coca y cocaína en Bolivia reconoce la importancia de la industria ilegal en la generación de empleo y divisas, también alega que la mayoría del ingreso es recibida por campesinos pobres y que su efecto sobre la estructura de poder es muy

pequeño. Sin duda, esta versión de los efectos de la industria ilegal es muy benigna y conveniente en el sentido de que permite negar la mayoría de los efectos corruptivos de la industria sobre la sociedad, pero a su vez puede hacer planteamientos totalmente errados.

Bolivia es un país pequeño con una distribución del ingreso muy concentrada, al punto de que la élite económica tradicional probablemente no tiene más de 50.000 personas. Por consiguiente, es posible afirmar que cualquier industria nueva que genere alrededor del 15% del PIB no puede dejar de involucrar a la élite y es un medio de movilidad social importante. La evidencia de principios de los años ochenta, cuando el gobierno del general García Meza estuvo muy involucrado en la industria, apoya esta afirmación. La evidencia de 1991 y 1992, cuando varios de los narcotraficantes más importantes se entregaron a la justicia, corrobora este punto. Sin embargo, la versión boliviana popular es que después de que éstos se entregaron a la justicia fueron remplazados por colombianos quienes han controlado el negocio, lo que termina disminuyendo el riesgo para la sociedad boliviana de ser penetrada por el narcotráfico.

La percepción benigna de los efectos de las drogas ilegales en Bolivia, la importancia de la industria como generadora de empleo y divisas, la ausencia de violencia asociada a las drogas[5] y la retórica antiimperialista asociada a la defensa de los cultivos de drogas hacen que en Bolivia sea muy difícil obtener gran apoyo popular para la erradicación de la producción y tráfico de drogas ilícitas. De hecho, la política "óptima" para Bolivia, dada la percepción del "problema de la droga" que prevalece en el país, es la maximización del ingreso generado por las drogas ilegales sumando el ingreso de la "antidroga", es decir, por un lado, continuar con la industria y, por otro, solicitar financiación externa para luchar contra ella. 

Colombia

Los efectos económicos de la industria de drogas ilegales han sido más estudiados en Colombia que en el resto de la región. Estos estudios han estimado el valor agregado por la industria, la cantidad de divisas ilegales que entran en la economía, las formas en que han sido asimiladas en ella, los patrones de inversión de algunos empresarios de las drogas y los efectos de la "enfermedad holandesa" causada por las drogas[6]. Otros estudios han investigado la relación entre la industria de drogas ilegales y la fuga de capitales, la forma como ésta ha reforzado el comportamiento depredador y el efecto total sobre la economía (Thoumi, 1994). Los efectos sobre el empleo han recibido menos atención de los analistas.

Tanto la industria de drogas ilegales como sus efectos económicos en Colombia han sido muy distintos a los que han tenido lugar en Bolivia. El ingreso generado por la industria proviene principalmente del contrabando de drogas entre

Colombia y los Estados Unidos y los demás países consumidores; la industria ha desarrollado lazos con la guerrilla y con grupos paramilitares y ha estado asociada con comportamientos violentos contra el Estado. El manejo macroeconómico colombiano ha sido notablemente estable: Colombia evitó la crisis de la deuda latinoamericana en los años ochenta y no ha tenido otras; por lo tanto, la industria ilegal no ha desempeñado un papel estabilizador en épocas de crisis económica. Además, los efectos de la industria sobre el empleo, hasta hace un par de años, no habían sido importantes.

La industria colombiana es diversificada. El cultivo de la marihuana se desarrolló a partir de principios de los años setenta, y fue responsable de la bonanza experimentada en la zona norte del país a finales de esa década, pero perdió importancia después del programa de fumigación aérea realizado en 1979 y del desarrollo de la cocaína que se convirtió en la principal rama de la industria.

Hasta 1990 la cocaína se refinaba en Colombia, principalmente con pasta y base importadas de Bolivia y Perú, a pesar de que desde hace unos 20 años Colombia ha tenido plantíos significativos de coca. Éstas han crecido notablemente en años recientes, tanto que las últimas estimaciones hechas por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas (UNDCP) concluyen que Colombia es hoy el segundo productor de

coca después del Perú. Durante los años noventa Colombia ha desarrollado cultivos de amapola y se ha convertido en un productor importante de opio y heroína. La producción de marihuana ha tenido altibajos, pero continúa.

Las estimaciones del valor de las exportaciones colombianas de cocaína varían dependiendo de los supuestos y estimaciones sobre importaciones de pasta, base y cocaína, del volumen de la producción nacional y de los precios obtenidos por los exportadores colombianos. Dada la gran variabilidad de supuestos y métodos de estimación posibles, no es sorprendente que las estimaciones de las exportaciones colombianas hayan tenido un rango muy amplio: entre $700 millones y $5.500 millones. Sin embargo, la mayoría está entre $1.500 y $3.000 millones. Estas cifras se comparan con estimaciones del PIB de 1991 de $51.000 y de $7.300 millones de las exportaciones de bienes y servicios (Thoumi, 1994).

Las estimaciones del valor agregado generado por la industria de la coca y la cocaína en Colombia y del volumen de divisas que entran al país son más inciertas y difíciles de hacer. La mayor parte del valor agregado se genera en el contrabando de la cocaína desde Colombia: los precios de la cocaína al por mayor en los Estados Unidos son entre cinco y ocho veces los que prevalecen en Colombia. Los precios en Europa son el doble o el triple de los de Estados Unidos. En el pasado estas diferencias eran mayores. Este valor agregado se puede considerar como un pago al riesgo, y no está relacionado con los costos de los factores de producción colombianos utilizados. Por consiguiente, en el momento de la exportación, el exportador colombiano tiene necesidad de traer al país solamente una proporción pequeña de sus ingresos. El resto puede ser lavado e invertido en cualquier otro lugar. Como ocurre con cualquier buen capitalista, los narcotraficantes responden muy ágilmente a los incentivos del mercado y tienden a llevar su capital a Colombia sólo cuando lo consideran conveniente. Debido a este comportamiento, no hay ninguna correlación entre los flujos de capital, difíciles de explicar en la balanza de pagos, y las estimaciones de los ingresos de la industria de drogas ilegales.

Todas las estimaciones del tamaño de la industria ilegal colombiana tienen sesgos importantes debido a varias causas, entre las que sobresalen: primero, la inexistencia de información sobre los costos de transporte y contrabando a través del Caribe y Centroamérica y la proporción de estos costos que no es recibida por colombianos[7]. Segundo, la falta de información sobre el grado en que los colombianos están involucrados en el contrabando a Europa, Japón, el Cono Sur y otros mercados emergentes. Tercero, las estimaciones disponibles no incluyen ingresos por marihuana, opio o heroína. Cuarto, las estimaciones tampoco incluyen el ingreso de traficantes colombianos dentro de los Estados Unidos y Europa. Este ingreso no es parte del PIB colombiano, pero no hay duda de que una porción indeterminada de éste tiene efectos sobre Colombia puesto que sus dueños invierten en Colombia.

En conjunto, es muy probable que estos sesgos subestimen el tamaño de la industria de drogas ilegales que es relevante para el país. Dado que el ingreso generado por las exportaciones de Opio y heroína, y por el mercado fuera de Colombia, es "grande", la subestimación del tamaño de la industria relevante puede ser bastante significativa.

Los efectos económicos de la industria ilegal han sido importantes en varias ciudades del país, como Barranquilla, donde muchos de los exportadores de marihuana estaban localizados a finales de los años setenta. Y como Medellín, donde una proporción importante de los exportadores de cocaína residieron durante los años ochenta. Estas ciudades experimentaron los síntomas de la "enfermedad holandesa" durante las bonanzas de marihuana y cocaína. Efectos semejantes han ocurrido en las zonas productoras de coca, donde bonanzas y depresiones han seguido los vaivenes de los precios de la coca (Mola-no, 1987).

A nivel nacional no ha habido evidencia de "enfermedad holandesa", especialmente debido a que, como se anotó anteriormente, la mayor parte de los flujos de narcocapital que entran al país responden de la coyuntura macroeconómica y no del valor de las exportaciones ilegales.

Independientemente de cuál sea el volumen de divisas que entre al país en un momento dado, el efecto que la industria ilegal ha tenido sobre la economía colombiana ha sido bastante grande. Por ejemplo, de acuerdo con las cuentas nacionales, la formación de capital bruto del sector privado durante los años ochenta fue en promedio de US$2.800 millones por año, una suma que resalta la capacidad de la industria de drogas ilegales para cambiar la estructura de poder del país, aun si se acepta uno de los estimados más bajos del tamaño de la industria ilegal.

Mientras se puede argumentar que la industria ilegal ha penetrado muchas industrias legales, no se puede afirmar que ha contribuido a mejorar el comportamiento de la economía colombiana. De hecho, a pesar del buen manejo macroeconómico, la tasa de crecimiento del PIB durante la época poscocaína (a partir de finales de los años setenta) ha sido en promedio un poco mayor al 3%, cifra que no se compara con el promedio del 5.5% anual visible durante los treinta años anteriores. Esta disminución no puede ser explicada por la crisis de la deuda externa, que Colombia evitó, o por una caída en los términos de intercambio, u otros problemas relacionados con el entorno externo.

La mayoría de los economistas colombianos que han estudiado este fenómeno concluyen que, finalmente, la industria ilegal ha tenido un efecto negativo sobre el comportamiento de la economía colombiana (Urrutia, 1990, Sarmiento, 1990, Thoumi, 1994). En particular, la industria ilegal ha actuado como un catalizador que aceleró un proceso de "deslegitimización" del régimen contribuyendo al estancamiento económico. Este proceso ha producido una disminución muy notable en la confianza para negociar, lo que aumenta los costos de transacción; ha contribuido a aumentos en la violencia e impunidad que han inducido la fuga de capital "limpio" y han aumentado los costos privados de la seguridad; ha promovido expectativas de grandes utilidades rápidas que han resultado en inversiones altamente especulativas y aumentos en el número de quiebras, desfalcos, etcétera.

La mayoría de los economistas también concurren en que la economía colombiana puede comportarse bastante bien sin la industria de drogas ilegales (Sarmiento, 1990, Thoumi, 1994). Si esta industria desapareciera, el peor escenario sería una recesión relativamente suave de unos dos años, lo que muchos consideran un precio relativamente bajo comparado con los beneficios que a largo plazo pudieran resultar.

El grupo de exportadores ilegales de Medellín invirtió bastante en finca raíz rural en el valle del Magdalena Medio, una zona de reciente colonización donde los derechos de propiedad aún son bastante débiles y dudosos, y en la que había una fuerte presencia guerrillera. Los inversionistas asociados a las drogas promovieron el establecimiento de grupos paramilitares de "autodefensa" que combatieron a las guerrillas y atacaron a los simpatizantes de una sociedad más equitativa. De hecho, estas inversiones han producido una contrarreforma agraria.

Otros sindicatos de exportadores han tenido comportamientos que reflejan perfiles más bajos, invirtiendo de manera más difícil de percibir en la industria, servicios, finca raíz urbana y otras actividades económicas. Mientras existe alguna evidencia respecto a las inversiones de los grupos exportadores de droga, se sabe mucho menos con relación a las inversiones de aquellos que han obtenido sustanciales ganancias en los negocios de precursores químicos, y lavado de divisas y capitales, y de quienes han prestado diversos servicios a la industria ilegal, tales como miembros de la policía, ejército y sistema judicial que venden protección; químicos que refinan cocaína y heroína; contrabandistas que lavan divisas; pequeños vendedores que han hecho fortuna en los Estados Unidos, etc. Se debe recalcar que una proporción significativa del ingreso generado por la industria ilegal no es fácilmente perceptible, y por consiguiente se puede lavar de manera relativamente fácil, especialmente en un país en donde ensuciar y lavar dinero son comportamientos ampliamente generalizados.

La sociedad colombiana ha sido ambivalente hacia la industria de drogas ilegales. El entorno en que opera la industria se caracteriza por una amplia deslegitimización del régimen (una gran brecha entre los comportamientos de jure y defacto), y una violación generalizada de leyes y regulaciones de carácter económico; un individualismo extremo y falta de solidaridad humana; y una ética de la desigualdad acendrada que promueve el beneficio personal sin parar en costos a terceros (Thoumi, 1994). En este entorno es muy difícil, si no imposible, demonizar una actividad económica particular, mientras otras actividades que violan ampliamente las leyes son toleradas socialmente.

El Gobierno colombiano ha obtenido amplio apoyo social para sus políticas antidrogas solamente cuando los empresarios de la industria ilegal han utilizado tácticas terroristas contra figuras políticas y sociales importantes. Sólo en estas ocasiones ha sido percibida como una amenaza a la sociedad. Por consiguiente, el Gobierno está restringido en sus actividades antidrogas, no por una falta de voluntad política, que bien puede no tener, sino de manera más importante por su incapacidad de ejecutar políticas que no tienen apoyo popular. 

Perú

Perú es el mayor productor de coca en el mundo. El modelo de la industria ilegal prevaleciente en el imaginario popular peruano es el de un país productor de coca y procesador de pasta, base y cocaína, que se vende en el Perú a traficantes extranjeros quienes las exportan. Todas las estimaciones del tamaño de la industria ilegal peruana suponen que los peruanos reciben solamente el precio FOB de exportación, y que ellos no están involucrados en el mercadeo internacional (Álvarez, 1992).

Los estudios más serios estiman el área cultivada con coca en el Perú en unas 200.000 hectáreas, un área aproximadamente 4 veces mayor que la estimada para Bolivia y 3 mayor que las últimas estimaciones efectuadas en Colombia (Álvarez, 1993). Las estimaciones de las exportaciones varían sustancialmente dependiendo de los supuestos acerca de los rendimientos de coca, los factores de conversión de coca a pasta, base y cocaína, y la proporción de la producción que se exporta en cada forma. Estas estimaciones varían en un amplio rango, desde US$400 millones a US$2.100 millones. Sin embargo, las estimaciones más rigurosas (como las del Banco Mundial), tienden a estar mucho más cerca de la primera cifra que de la segunda. Dependiendo del año y del estimado, las exportaciones de la industria de coca y cocaína han representado entre 15% y 75% de las exportaciones oficiales totales. De manera semejante las estimaciones del valor agregado de la industria han representado entre 3% y 11% del PIB (Álvarez, 1993).

Las estimaciones del empleo generado por la industria varían entre el 2% y el 10% de la población económicamente activa (PEA), y entre el 4% y el 28% de la PEA rural. Estas estimaciones varían por diversas razones, entre las que resaltan los diversos supuestos sobre el uso e intensidad del trabajo familiar usado en los plantíos de coca.

La literatura sobre la industria de drogas ilegales en el Perú se concentra principalmente en aspectos rurales. La mayoría de los estudios estiman el tamaño de los cultivos y sus rendimientos. Otros estudios evalúan los programas de desarrollo alternativo. Sin embargo, hay una gran escasez de análisis sobre los efectos económicos de la industria sobre dicho país.

Los estudios reconocen que la industria contribuye de manera significativa a la generación de empleo en las zonas selváticas de reciente colonización, y que la oportunidad de cultivar coca desvió una proporción de la emigración serrana que de otra forma hubiera ido a Lima. Las pocas estimaciones de los efectos macroeconómicos de la industria ilegal sugieren que éstos no son muy grandes. La economía peruana es bastante diversificada, y una industria que genera alrededor de US$1.000 de valor agregado es grande, pero no dominante. Sin embargo, como desde mediados de los años sesenta hasta 1990 el Perú ha padecido frecuentes episodios de mal manejo macroeconómico, de políticas desestabilizadoras, y algunos períodos de hiperinflación y depresión económica, no hay duda de que la industria ilegal ha desempeñado un papel estabilizador importante, aunque sus efectos totales no se conozcan con certeza.

En el Perú hay varios factores que han desestimulado el estudio más profundo de la industria de drogas ilegales. Primero, la gran población costeña siempre ha dado la espalda a la sierra y la selva. La industria de drogas ha sido algo que se ha percibido como si tuviera lugar en otro país, y que no tiene mucha relevancia para la sociedad en general. Segundo, el amplio intervencionismo de

Estado generó muchas rentas que fueron explotadas por las élites costeñas y proporcionaron alternativas al "sucio" negocio de las drogas, por lo que la élite limeña ha estado relativamente poco "contaminada". Tercero, el cultivo no tradicional de coca ha tenido lugar en zonas de reciente colonización, las que han tenido fuerte influencia de Sendero Luminoso y del MRTA, dos grupos guerrilleros fuertes. Por estas razones, las fuerzas militares han sido la institución estatal de mayor presencia en esas zonas. El resultado ha sido que tanto Sendero Luminoso, el MRTA como grupos dentro de las fuerzas armadas se han involucrado en el tráfico ilícito, lo que hace peligroso su estudio. Finalmente, la tradición autoritaria peruana ha hecho que el estudio de la industria ilegal no sea atractivo para la comunidad académica.

La industria ilegal peruana se ha diversificado recientemente, produciendo amapola, opio y heroína. Sin embargo, se sabe poco sobre estos desarrollos. También hay informes sobre nuevos plantíos de coca en zonas donde antes no se cultivaba la planta como en el Apurimac, aunque no se tiene idea sobre su área y rendimiento.

El efecto de la industria ilegal sobre el Perú depende significativamente del grado en que los peruanos participen en el contrabando y mercadeo externo de la droga. Por ejemplo, si los peruanos refinan y exportan por su cuenta el 15% de la cosecha de coca, el ingreso que esta actividad generaría sería igual al total obtenido por la actividad relacionada con la coca en el sector rural. Hay frecuentes informes en la prensa que afirman de la existencia de 50 "familias" que han organizado la recolección y procesamiento de coca, para vender a los extranjeros. Se cree también que estas familias son relativamente pobres comparadas con los "carteles" colombianos. Por ejemplo, cuando "Vaticano", supuestamente el mayor traficante peruano, fue capturado el año pasado, su riqueza visible no era impresionante. A pesar de estos desarrollos relativamente recientes, la creencia popular pinta al Perú como el mayor productor de coca y como productor de pasta que se vende a extranjeros exportadores, principalmente colombianos, y no percibe a la industria ilegal como una amenaza al statu quo.

Resumiendo, la industria de coca y cocaína en el Perú es un empleador importante en el sector rural, es una generadora sustancial de divisas, las cuales han sido muy importantes durante los episodios de mal manejo macroeconómico, pero no se percibe como una industria demasiado grande que amenace las estructuras de los poderes económico y político. Por consiguiente, los peruanos no perciben grandes costos sociales asociados a la industria. Además, como se reconoce que ha habido lazos entre la industria ilegal y Sendero Luminoso, el MRTA y los militares, la mayor parte de la sociedad no quiere verse desvinculada del tema. Un posible efecto de esta situación es que la industria de drogas ilegales penetre la sociedad y gane fuerza sin que la sociedad la perciba como una amenaza, hasta que ya haya alterado las estructuras de poder. 

Implicaciones de política

Al estudiar los efectos de las industrias ilegales en los tres países andinos se encuentra que en todos ellos hay grupos fuertes que obstaculizan la formulación y ejecución de políticas antidrogas. La fuerza de estos grupos radica en su gran disponibilidad de recursos. A pesar de esta semejanza, los intereses de los tres países con relación a la industria de drogas ilegales son muy diferentes debido a los efectos económicos producidos en cada uno de ellos. Primero, la economía boliviana está en una relación de dependencia de la industria de drogas ilegales, la que desempeña un papel clave en la economía del país como generadora importante de empleo, divisas e ingreso; en el pasado facilitó el ajuste macroeconómico después de la crisis de la década pasada. Colombia tiene una economía relativamente diversificada y grande, con un manejo macroeconómico muy estable. Hasta hace un par de años la industria ilegal no generaba empleo suficiente para que su eliminación pudiera crear un problema social. La industria es importante desde el punto de vista macroeconómico pues es una fuente importante de divisas y de ahorro que son invertidos en el país. Sin embargo, la industria también ha desplazado otras fuentes de ahorro y divisas y podría ser suplantada sin mucha dificultad. En el Perú la industria de drogas ilegales no tiene la importancia macroeconómica que posee en Bolivia pero sí contribuyó sustancialmente a superar la crisis macroeconómica que experimentó el país en la década pasada.

Segundo, Bolivia y Perú no han padecido efectos negativos muy fuertes asociados a la industria, lo cual sí ha sido el caso de Colombia. Además, en Bolivia los intelectuales han justificado la producción ilegal, y las organizaciones de productores de coca son políticamente muy fuertes. En el Perú la élite no se ve amenazada por la industria ilegal, y su localización lejos de Lima, y la participación de las organizaciones guerrilleras y parte de las fuerzas armadas en ella hace que la sociedad sea muy reticente a atacarla. En Colombia la violencia generada por la industria y su penetración en la estructura social ha sido aparentemente mayor (no es claro que en los otros dos países, especialmente en Bolivia, esto no hubiera ocurrido, aunque no sea percibido así). No hay duda de que en Colombia, como en los otros dos países, hay grupos que han recibido grandes beneficios de la industria ilegal, pero en Colombia es más claro que otros han sido muy afectados por ella.

Los diversos efectos de la industria ilegal y la distribución de sus costos y beneficios crean una paradoja interesante: a pesar de que los ingresos generados por la industria están altamente concentrados, los efectos negativos de la misma parecen estarlo aún más. Así, el país que más ingreso obtiene es el que más interés tendría en la desaparición de la industria, mientras que los dos países que tienen pocos ingresos no perciben mayores costos, por lo que perderían con la desaparición de la industria. Esta pérdida no sería muy grave en el Perú, pero en Bolivia podría llevar a una crisis social y económica.

Las diferencias de los efectos de la industria ilegal entre los países andinos hace que sea muy difícil para ellos negociar conjuntamente en los foros internacionales y bilaterales, especialmente con los Estados Unidos. Sin embargo, los recientes cambios en la estructura de la industria han empezado a desvanecer las diferencias entre los tres países andinos, aunque partes importantes de estas sociedades aún no lo perciban así. El desarrollo de mercados fuera de Norteamérica y la integración vertical de la industria en los tres países están haciendo que Bolivia y Perú se "colombianicen" y viceversa (que Colombia se dedique a la producción). El empleo en la producción de coca ya empieza a ser importante en Colombia donde las organizaciones guerrilleras han organizado a los campesinos de manera semejante a la de los bolivianos. La integración vertical en Bolivia y Perú ha facilitado el desarrollo de las exportaciones de cocaína a nuevos mercados desde esos países, y aunque haya colombianos involucrados en esos negocios, el número de nacionales que participan en esas operaciones no puede sino crecer. Lo que queda por verse es si estas tendencias hacia una convergencia de intereses facilitarían la formulación y ejecución de las políticas hacia las drogas ilegales en la región.